Videoconferencia en el proceso penal

Autor:Jesús Mª Barrientos
Cargo del Autor:Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
 
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La videoconferencia constituye un ejemplo de la utilización en el proceso penal de las nuevas tecnologías.

Contenido
  • 1 Previsión legal
  • 2 Videoconferencia en la instrucción
  • 3 Videoconferencia en el juicio oral
  • 4 Normativa
  • 5 Jurisprudencia
  • 6 Ver también
  • 7 Recursos adicionales
    • 7.1 En formularios
    • 7.2 En doctrina
  • 8 Legislación básica
  • 9 Legislación citada
  • 10 Jurisprudencia citada
Previsión legal

El uso de la videoconferencia y otras análogas se encuadra en un doble marco normativo, por un lado la Ley Orgánica Poder Judicial (LOPJ) , que establece un espacio amplio dentro del cual se debe mover la ley procesal , y por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) , en la que se concretan en detalle los supuestos en que podrá admitirse la videoconferencia y los requisitos formales, en su caso, que hayan de ser observados para su válida utilización.

En la regulación orgánica, desde la reforma operada por la L.O. 7/2015, de 21 de julio en el art. 230.1 de la LOPJ , se impone a los Juzgados y Tribunales y a las Fiscalías la utilización de cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones únicas limitaciones que procedan de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las demás leyes que resulten de aplicación. En este mismo precepto orgánico de la LOPJ se reconoce plena validez y eficacia de los documentos originales emitidos por tales medios informáticos o telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad e integridad y se cumplan los requisitos exigidos por las leyes procesales. El epígrafe 3 del referido art. 230 LOPJ contiene, desde la reforma de 2015, una prohibición de transcripción de las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital, si bien en la reforma operada en dicho precepto por la L.O. 4/2018, de 38 de diciembre , se abre la posibilidad de esa transcripción en los casos expresamente previstos en la ley.

Por otro lado, ya desde la reforma operada por la L.O. 13/2003, de 24 de octubre , se había introducido en la LOPJ un epígrafe 3 en el artículo 229 a tenor del cual, después de declarar que las actuaciones procesales en materia criminal serán predominantemente orales, y que las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, se dispone que estas mismas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal.

En todos los casos en los que se recurra a la videoconferencia, corresponderá al letrado de la Administración de Justicia acreditar la identidad de quienes comparezcan a su través.

Por su parte, la LECrim desarrolla esta posibilidad de utilización de los recursos tecnológicos distinguiendo según que su empleo se produzca durante la fase de instrucción o en el juicio oral .

Videoconferencia en la instrucción

El Juez de instrucción podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que las comparecencias personales que ante él hubieren de realizar investigados o encausados, testigos, peritos o de cualquier otra persona que hubiere de hacerlo en calidad distinta, se lleven a cabo mediante videoconferencia o por cualquier otro sistema similar que garantice la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, siempre que concurrieren circunstancias especialmente gravosas o perjudiciales, o se aprecien razones de utilidad, seguridad o de orden público.

Respecto a la declaración de testigos ante el Juez de instrucción, se contempla en la redacción del art. 433 de la LECrim dada a partir de la reforma dada por la Ley 4/2015, de 27 de abril , que cuando se trate de testigos menores de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada, cuando se trate de víctimas del delito investigado y se aprecie la necesidad de evitar una doble victimización, podrá disponer que la exploración o el interrogatorio se efectúe con las formalidades previstas en el precepto referido, haciendo efectiva una contradicción (cámara Gesell) en condiciones que eviten su comparecencia personal y un nuevo interrogatorio en el juicio oral. En estos casos, y para posibilitar su reproducción en el plenario, se dispone imperativamente la grabación de la exploración o declaración recogida durante la instrucción, tal y como se previene en el inciso final del citado art. 433 después de la reforma de 2015.

Igualmente, y aun cuando se prescinda para la exploración de un menor de edad del formato conocido como cámara Gesell, la declaración de los testigos menores de edad, y también de las personas con capacidad judicialmente modificada, podrá llevarse a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba – art. 448 LECrim .-, entre los que obviamente se encuentra la videoconferencia.

La reforma introducida en el art. 433 de la LECrim por la Ley 4/2015, de 27 de abril , prevé...

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