Diligencias de la investigación. Plazos de la instrucción

Autor:Jesús Mª Barrientos
Cargo del Autor:Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
 
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Su práctica será, por lo común, ordenada de oficio por el Juez de Instrucción, como director y encargado de la instrucción; no obstante, podrán también las partes personadas y el Ministerio Fiscal solicitar su realización, en cuyo caso el Juez de instrucción deberá llevarlas a cabo, salvo que las considere inútiles o perjudiciales para el curso de la investigación; en este caso deberá dictar auto motivado denegándolas. Este auto denegatorio de las diligencias de investigación propuestas por las partes podrá ser recurrido en apelación, previa la preceptiva reforma en este Sumario ordinario; sabiendo que las diligencias denegadas en la instrucción podrán ser pedidas nuevamente para el juicio, en su caso.

Contenido
  • 1 Plazos máximos para la instrucción
    • 1.1 Interrupción de los plazos máximos de la instrucción
    • 1.2 Conclusión de la instrucción
  • 2 Clases de diligencias de investigación
  • 3 Jurisprudencia
  • 4 Recursos adicionales
    • 4.1 En formularios
    • 4.2 Esquemas procesales
    • 4.3 En doctrina
  • 5 Legislación básica
Plazos máximos para la instrucción

Con carácter general, y salvo que la causa sea declarada de especial complejidad, estas diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la incoación del sumario. Si la causa fuere declarada de especial complejidad el plazo de la instrucción podrá prolongarse hasta un máximo de dieciocho meses. Este plazo máximo de duración de la instrucción será efectivo para todos los procesos que se incoen a partir de la vigencia de la Ley 41/2015, de 5 de octubre , es decir, a partir del día 6 de diciembre de 2015, y comenzará a contar a partir de esa fecha respecto de los procesos que ya se hallen en trámite a su entrada en vigor, según se previene en la disposición transitoria única de la indicada Ley.

La declaración de complejidad de una causa deberá ser realizada por el juez instructor, a instancia siempre y únicamente del Fiscal y con audiencia preceptiva de las partes personadas. Esta solicitud del Fiscal deberá quedar formalizada antes de la expiración del plazo inicial de seis meses, y podrá fundarse en que las circunstancias la investigación requeridas hagan prever que, razonablemente, no pueda completarse la instrucción dentro del plazo de los seis meses, o cuando se den alguna de los siguientes supuestos:

a) que la investigación recaiga sobre grupos u organizaciones criminales.

b) que la investigación tenga por objeto numerosos hechos punibles.

c) que involucre a gran cantidad de investigados o víctimas.

d) que la investigación exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.

e) que requiera la realización de actuaciones en el extranjero.

f) que precise la revisión de la gestión de personas jurídicas.

g)que la investigación se refiera a un delito de terrorismo.

Aunque la declaración de complejidad haya de ser instada por el Fiscal nada obsta a que sea el propio juez instructor quien pueda dirigirse al Fiscal recabando de éste la iniciativa para la calificación de la causa como compleja, en aquellos casos en los que hubiere de ordenar la práctica de diligencias de investigación que vayan a demorarse, o si se tratarse de algunos de los supuestos de complejidad legal.

En todo caso, las diligencias de investigación que hayan sido ordenadas dentro de los plazos legales de instrucción serán válidas y producirán sus efectos aun cuando resulten completadas y se reciban en el órgano judicial una vez vencidos tales plazos. Al amparo de esta previsión, serían válidas las periciales de cualquier índole ordenadas dentro del plazo, aunque su aportación y eventual ratificación a la presencia judicial se produzca una vez transcurrido el límite; o los testimonios ordenados también dentro del plazo y prestados o recogidos una vez transcurridos tales límites.

Se advierte ya por el legislador de que el transcurso de los plazos máximos fijados para la instrucción no determinará, por si solo, el archivo de las actuaciones, a menos que concurra alguno de los motivos de sobreseimiento previstos en los artículos 637 o 641 de la LECrim , sino la necesidad del dictado de las resoluciones de clausura procedentes en función del tipo de procedimiento.

La fijación de plazos máximos para la instrucción plantea serios problemas en la fijación del día inicial que haya de tomarse para el cómputo del plazo máximo, pues, aun cuando no haya debate posible en los casos más comunes de hecho único sin conflicto alguno en la determinación del órgano competente para la instrucción, no serán extraños los supuestos en los que a una causa ya iniciada vengan a acumularse otras por hechos conexos de descubrimiento más tardío o de conflictos competenciales que lleven a una segunda o tercera incoación por parte del órgano a quien finalmente se le asigne la competencia. Para tales supuestos, la Circular 5/2015 de la Fiscalía General se alinea con el criterio de estar a la fecha de la primera incoación decreta por cualquiera de los juzgados entre los que se haya planteado la discusión competencial, si bien impone sistemáticamente a los Fiscales la petición de declaración de complejidad de la causa por el solo hecho de haberse suscitado el conflicto de competencia; aunque no soluciona la Circular la problemática atinente a la...

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