Conflictos de jurisdicción

Autor:Jesús Mª Barrientos
Cargo del Autor:Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
 
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Se denominan conflictos de jurisdicción a los que surgen entre los órganos jurisdiccionales y la Administración del Estado, así como entre los órganos de la jurisdicción ordinaria y los de la militar –por razones atribuibles básicamente a imprecisiones en las normas delimitadoras de competencia y funciones–.

Contenido
  • 1 Conflictos de jurisdicción con la Administración del Estado
  • 2 Conflictos de jurisdicción con la jurisdicción militar
  • 3 Jurisprudencia
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En formularios
    • 5.2 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Conflictos de jurisdicción con la Administración del Estado

Se resolverán por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, constituido por el Presidente del Tribunal Supremo (TS) -que lo presidirá- y por cinco vocales: dos Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a designación del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y los tres Consejeros Permanentes de Estado. Del Tribunal actuará como secretario el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo ( art. 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ).

El conflicto puede plantearse a instancia de la Jurisdicción por cualquier Juzgado o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, con exclusión de los Juzgados de Paz, que deberán tramitar la cuestión al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ( art. 2 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales (LOCJ) ). Si lo plantea la Administración, deberá distinguirse según lo inste la del Estado, la Autonómica, la Local, u otros órganos de las Administraciones públicas ( arts. 3 a 5, LOCJ ).

Los conflictos pueden ser positivos o negativos, según quieran o no entender de un determinado asunto tanto los órganos de la Jurisdicción como los de la Administración y su planteamiento se halla limitado por la LOCJ .

La Administración no podrá plantear el conflicto:

·Frente a la iniciación o seguimiento de un procedimiento de habeas corpus o de la adopción en el mismo de resoluciones de puesta en libertad o a disposición judicial ( art. 6, LOCJ ).

·En los asuntos judiciales resueltos por auto o sentencia firme o pendientes tan sólo de recurso de casación o revisión, salvo cuando el conflicto nazca o se plantee precisamente a causa de su ejecución, o afecte a facultades de la Administración que hayan de ejercitarse en trámite de ejecución ( art. 7, LOCJ ).

La Jurisdicción no podrá plantearlo:

·En relación con los asuntos ya resueltos por medio de acto que haya agotado la vía administrativa, salvo cuando el conflicto verse sobre la competencia para la ejecución del acto ( art. 8, LOCJ ).

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